El abogado que lleva adelante la querella contra la madre y su pareja, acusados de matar a la menor, afirma que tiene datos y evidencias que incriminan a un clan llamado "El ejército de Dios".
Buenos Aires.- La opinión pública se conmovió con el hallazgo del cuerpo de la menor Priscila Leguiza (de 7 años) en un arroyo de Berazategui. Los principales acusados desde el primer momento fueron la madre y el padrastro de la niña, que rápidamente quedaron a disposición de la Justicia. Ahora, el abogado querellante afirma que la investigación arrojó datos y evidencias que, además, incriminan a miembros de una secta llamada "El ejército de Dios".
"Al margen de Silvia Lafuente (la madre de la niña) y Pablo Bisconti (el padrastro), por los cuales vamos a exigir el máximo rigor de las leyes penales argentinos, tenemos datos y evidencias sobre la actuación de un pastor que estaba en un supuesto grupo de autoayuda donde concurría la madre de Priscila", afirmó Julio Torrada, abogado querellante.
Por otro lado, Pablo Salum, integrante de "Libre Mentes", una asociación que trabaja para prevenir la captación de personas, aseguró: "Apenas ocurrió el crimen de Priscila me llamaron la atención varios detalles por la experiencia que tuve como víctima de una organización coercitiva".
"Lo primero que surgió fue el modo en que asesinaron a la nena, cómo intentaron ocultar el crimen y la presencia de un grupo familiar completo interviniendo en el hecho, tal como se observó en la grabación de una cámara de seguridad", afirmo; y agregó: "Luego, cuando apareció el pastor declarando, me terminó de cerrar todo; porque reconoció que fue cómplice ya que estaba al tanto de los golpes que recibía la nena y que había sido asesinada".
Según las pericias llevadas a cabo por la investigación, Priscila fue asesinada el sábado 4 de enero. Sin embargo el caso saltó a la luz recién el martes 7 de enero, cuando el cuerpo de la niña fue hallado en un arroyo de la zona de Berazategui, tapado con una bolsas y con signos de una fuerte golpiza, además de heridas provocadas por quemaduras.
El dirigente que participó de las elecciones locales de 2023 fue imputado este miércoles en Rosario. La investigación reúne, hasta el momento, 17 hechos y un perjuicio económico que rondaría los 39 millones de pesos. Permanecerá detenido preventivamente hasta el 9 de diciembre.
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