La jueza Alejandra Rodenas otorgó el beneficio a Emanuel Sandoval, conocido como Ema Pimpi y a Pablo Espíndola.
La jueza de instrucción Alejandra Rodenas otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a los dos procesados por la causa que investiga el ataque a balazos a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, Emanuel Sandoval y Pablo Espíndola.
Los únicos dos procesados por el atentado al frente de la vivienda del gobernador, Emanuel Sandoval, conocido como Ema Pimpi, y el policía Pablo Espíndola seguirán el proceso en libertad.
Sandoval está procesado por "delito de amenazas agravadas por el anonimato y uso de arma de fuego, abuso de armas y daño". Fue detenido en noviembre de 2013 en el shopping Portal Rosario luego de un altercado.
En tanto, Espíndola, policía de la seccional Nº 10 que tiene jurisdicción en la casa de Bonfatti está procesado por "presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado en calidad de autor". Fue arrestado el 5 de diciembre del pasado año luego de que trascendiera información que apuntaba que en la comisaría 10º estaba el arma con la que se efectuaron los disparos hacia la casa del gobernador.
Este domingo, un hombre advirtió sobre la presencia de los restos óseos cuando pescaba y avisó a la Policía. Intervino personal de Prefectura Naval, Bomberos Zapadores y un buzo táctico. La Fiscalía de Homicidios Dolosos investiga su procedencia
La fiscal Noelia Navone habló en la escena atroz junto al río, donde todo indica que se produjo un femicidio seguido de suicidio. Los dos cuerpos fueron encontrados dentro de un auto prendido fuego: “Estaban calcinados”, describió la funcionaria judicial
El acusado, de 30 años, habría golpeado, amenazado y privado de la libertad a su pareja durante un violento episodio ocurrido el 23 de agosto. La Justicia dispuso su prisión preventiva hasta el 2 de octubre.
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Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía entrerriana, quedó detenido este miércoles en el marco de una investigación por narcotráfico. La camioneta utilizada para transportar el cargamento habría sido provista por el funcionario. La Justicia busca determinar qué grado de participación tuvo y qué sabía sobre el uso del vehículo