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La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe alerta a los ciudadanos sobre intimaciones de cobranza de deudas truchas enviadas por firmas de Buenos Aires que no especifican el motivo y que configuran en muchos casos una estafa. Se recomienda a quienes reciban estas notificaciones dirigirse a la institución antes de realizar cualquier otra gestión.
En general, se trata de notificaciones simples y sin firma con el membrete de diferentes estudios, de dudosa legalidad, dedicados a la cobranza de deudas. A través de ellas, se advierte a la víctima de una supuesta deuda y se amenaza con embargar su sueldo o inhibir sus bienes en caso de no abonar un importe específico. No obstante, en la misiva no se informa a qué corresponde la deuda y sólo se deja un número de teléfono, de Buenos Aires, para realizar consultas.
Cuando las víctimas llaman se les informa que la supuesta deuda corresponde a alguna empresa de servicios (que puede seguir existiendo o no) y se les entrega un número de cuenta para realizar la transferencia del dinero para cancelar el supuesto pasivo. En este proceso, también pueden ofrecer la reducción del monto a abonar si la víctima se resiste a pagar.
Tras recibir numerosas presentaciones en este sentido, la Defensoría del Pueblo advierte que no se debe pagar ninguna suma y aconseja a los ciudadanos que, al recibir la intimación, se dirijan a cualquiera de las oficinas de la institución para ser asesorados. También recomienda no comunicarse telefónicamente con estas firmas de cobranza, pues de esta manera pueden acceder a información que permita concretar la estafa. Y exhorta a de ninguna manera aceptar un plan de pagos o moratoria, que termina significando el reconocimiento de una deuda que nunca existió.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.
