Ricardo Spadaro, funcionario de Seguridad, valoró los cambios pensados para capacitar en materia investigativa.
La falta de capacitación de policías en materia tecnológica y la escasa utilización de nuevas herramientas en la persecución de los delitos más complejos es una de las principales preocupaciones de las autoridades gubernamentales provinciales, desde que promovieron la reorganización del Instituto de Seguridad Pública (Isep) con el objetivo de una mejor preparación de los agentes de seguridad en materia criminalística. Desde la Fiscalía regional reconocieron que este fortalecimiento en la capacitación de los agentes, cuya pobre formación hace que no puedan ser tenidos en cuenta en las investigaciones más complejas, representará un salto de calidad en materia investigativa, aunque insistieron en la importancia de crear, independientemente de ello, una policía que dependa exclusivamente del Ministerio Público de la Acusación.
Para la implementación de este proyecto y la instalación de la primera escuela, la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales estuvo buscando varios terrenos desocupados de la ciudad y la provincia, aunque ya posó el ojo sobre el predio de la ex Rural, ubicado en 27 de Febrero y Oroño. “Hay dos sectores que, con una inversión no muy alta, se podrían usar para los cursos de 1º, 2º y 3er. año de la escuela de policías. Este año, el cursado va a tener que comenzar en el Isep, pero allí ya no entra ni un alfiler porque se está formando también (a los cadetes de) Policía Comunitaria y Policía de Acción Táctica (PAT)”, sintetizó el ex gendarme Ricardo Spadaro, a cargo de la mencionada repartición.
Esta necesidad de hacer hincapié en la formación se da porque actualmente “muchos comisarios con alto nivel de jerarquía no cuentan con los conocimientos que todo policía debe tener” en criminología e investigación del delito y del delincuente para encarar casos como por ejemplo los robos al Banco Municipal (el último ocurrido el pasado 8 de mayo en la sucursal de Empalme Graneros), donde “hay muchas medidas que un buen investigador debería haber adoptado inmediatamente”.
“Estos temas deben seguir encarándose y mejorándose porque no hay salida que no sea a partir de la reorganización y la educación”, sentenció el funcionario, quien luego explicó que ante la demanda de agentes, la carrera en el Isep comenzó a hacerse en dos años y se bajó a uno. “Eso trajo una solución pero también generó algunas complicaciones, como ser la falta de oficiales y gente con experiencia”, reflexionó.
Carencias actuales
Por su parte, el fiscal regional de la 2ª Circunscripción, Jorge Baclini, reveló que históricamente la fuerza de seguridad fue encontrándose, simultáneamente con la falta de capacitación y con problemas de operatividad como por ejemplo falta de móviles para desarrollar las tareas encomendadas por el Ministerio Público de la Acusación, por lo que reclamó la necesidad de desarrollar un cuerpo que dependa de su área.
“La reforma debe estar acompañada de policías investigadores. Necesitamos gente para hacer el seguimiento de un sospechoso, que se tomen fotografías que sirvan de prueba, que lo relacionen con otro imputado; es decir, un trabajo de inteligencia que debe ser desarrollado por una policía que dependa exclusivamente de nosotros. Hoy no tenemos, aunque se empezó a desarrollar con la Policía de Investigaciones (PDI), que es un grupo que le falta dimensionarse en Rosario, que necesita muchos más agentes”, explicó el letrado.
Estas falencias se suplen hoy con “un fiscal que va mucho a la escena” en compañía de sus empleados que toman las declaraciones en la calle. Si bien en algunos casos los agentes de seguridad contribuyen con estas tareas, Baclini pidió “subir mucho el nivel investigativo” ya que observó “mucho déficit en su capacitación” en relación a los requerimientos del actual sistema de juicio oral, que no puede admitir defectos investigativos.
Un modelo a seguir
El fiscal regional reconoció que las pretensiones pasan por emular la experiencia de la provincia de Córdoba, donde funciona la denominada Policía Judicial, encargada de materializar la investigación de todos los delitos y que cuenta con alrededor de 1.100 hombres, entre investigadores y criminalísticos. “Es una fuerza grande que depende del fiscal general. Allí se fijan los regímenes de ascensos, remociones, sueldos, capacitaciones, etcétera. A eso pretendemos llegar, con un cuerpo más reducido porque trabajaría sólo en los delitos más complejos”, explicó.
La PDI pasa a ser entonces para él un paso intermedio que contribuye a la “materialización de investigaciones de delitos de cierta complejidad” conducidas por la Fiscalía, que posee una marcada influencia en este cuerpo que “se va jerarquizando ya que tiene una remuneración un poco más alta que la del policía común”. Sin embargo, lamentó que la compleja situación que atraviesa la provincia en materia de seguridad y las reformas de la fuerza hacen que los tiempos de formación sean cada vez más rápidos.
Análisis crítico
Spadaro reflexionó sobre las virtudes y deficiencias de los agentes que integran la Policía de Santa Fe y consideró que “un núcleo todavía guarda el sentimiento de valores que demanda el gobierno” aunque fue implacable a la hora de sostener que “ésta no es una profesión en la que se puede estar para cobrar un sueldo”, por lo que todo aquel que no responda a los lineamientos internos debe ser removido.
“Hemos tenido un período de reforma que creó un problema por el que suboficiales que pasaron a oficiales tuvieron una capacitación de menor exigencia académica. La gran demanda hoy es no tener gente corrupta ni con tanta carpeta médica, viendo cómo prolongar una estadía sin trabajar. El ciudadano que porta un uniforme y un arma está garantizando al que lo ve que el Estado viene a ayudarlo y no a reprimirlo. Hoy tenemos gente con grandes valores y otra que todavía sigue oculta, que debe ser sacada del servicio cuanto antes y sobre quien debe caer todo el peso de la ley”, afirmó.
De este modo, el ex gendarme consideró “absolutamente necesario” elevar la cantidad de años que demora un cadete en egresar de la escuela de policía para sanear una institución policial que si bien “ha estado mucho tiempo enferma” no puede ser prescindida por la sociedad.
La investigación en los juicios abreviados
Los entrevistados coincidieron en que un buen trabajo investigativo puede influir notablemente en la resolución de la Justicia. En los primeros meses del año, el juicio abreviado a integrantes de la banda de Los Monos fue el eje principal de controversia dentro del ámbito de la política y de la sociedad: quedó una cierta sensación de impunidad a pesar de haberse logrado condenas de cumplimiento efectivo de hasta nueve años por asociación ilícita.
Respecto de ello, Ricardo Spadaro estimó que el tema no está agotado. “Si la asociación no está vinculada a hechos concretos se termina diluyendo. El narcotraficante debe ir a la cárcel, por eso la Justicia federal es responsable de seguir investigando”, reclamó.
Por su parte, el fiscal regional Jorge Baclini evitó referirse específicamente a este hecho por no conocer en profundidad los detalles del acuerdo, aunque se refirió genéricamente a los juicios abreviados: “Hay muchas causas en trámite, mientras que así tenemos condenas en dos meses. El abreviado es discutible porque, desde el punto de vista social, hay un reclamo de condenas cada vez más duras”, argumentó.
Así, consideró saludable que la discusión pase por si es necesario aumentar o reducir una condena, en lugar de decir si hubo o no justicia, para no seguir apostando por un sistema que “promete respuestas pero nunca las da”.
“EL PLAN FRACASÓ”
El presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal estimó que tanto el sistema de seguridad impulsado por el gobierno provincial durante los últimos años de gestión como la capacitación de policías ha fracasado. “El camino ha sido muy errático en materia de seguridad. Hubo muchas idas y venidas, dejando mucha incertidumbre dentro de la Policía y la sociedad. Hay que hacer algunos ajustes”, afirmó Diego Giuliano en referencia a la necesidad de “recuperar la cadena de mandos, reflejarla en la formación policial y modernizar la capacitación con una visión más contemporánea”. El legislador rosarino estima que dentro de la Policía santafesina “hay una parte que tiene muy buenas intenciones y capacidad de trabajo y otra que es parte del problema”, refiriéndose al ex jefe de policía Hugo Tognoli, actualmente encarcelado y procesado en una causa por vínculos con el narcotráfico.
Varinia Drisun, diputada provincial del Partido Socialista, presentó un proyecto de ley que prohíbe la exhibición de golosinas, bebidas azucaradas y productos con uno o más sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas saturadas, calorías y sodio en las líneas de caja de supermercados y autoservicios.
El paciente es un varón de 59 años, que reside en el departamento Castellanos y no contaba con antecedentes de viaje a otras provincias o al exterior. El Ministerio de Salud indicó que es el primer caso de la temporada 2024-2025 confirmado por laboratorio, correspondiente al serotipo DEN-1
En el día internacional que la ONU estableció para reconocer a las mujeres rurales, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados destacó “el rol que han tenido en la provincia de Santa Fe desde la llegada de los primeros colonos hasta asumir los múltiples desafíos que hoy conlleva el modelo agrobioindustrial”.
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados visitó los departamentos Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Vera. “No se puede legislar sin conocer lo que sucede en las ciudades y comunas”, sostuvo y avaló la gestión de Unidos: “La defensa de Santa Fe siempre está primero”.
Los brigadistas “no dan abasto” y necesitan un recambio urgente. El gobierno provincial declaró “zona de desastre” a los lugares afectados.