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La infractora, propietaria de un negocio, está obligada a entregar elementos no perecederos a los Hogares de Protección al Menor durante dos años
El fallo señala que se trata de una finca no precaria donde funciona un negocio.
El Juzgado Correccional Nº 10 de Rosario condenó a la titular de un comercio a realizar tareas comunitarias, tras constatarse reiteradas conexiones directas clandestinas desde la red de distribución de la EPE hacia el domicilio. El local en cuestión es un autoservicio y se encuentra en una planta baja, mientras que en la planta alta está ubicada una vivienda.
De acuerdo al fallo emitido por la jueza Marcela Canavesio –luego de la investigación basada en la denuncia de la Empresa Provincial de la Energía– durante un lapso de dos años la popietaria del mencionado inmueble deberá “fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato”. Además, la condenada tendrá que “realizar tareas comunitarias consistentes en colaborar en forma bimestral, durante dos años, con los hogares coordinados por el presbítero Tomás Santidrián (Hoprome)”.
“Durante dicho lapso, deberá entregar mercadería no perecedera por un importe equivalente a la suma de un mil pesos, actualizable conforme los índices de precios al consumidor”, dice textualmente el fallo.
En los fundamentos del fallo, la magistrada argumenta que se trata de un ilícito “que pone en riesgo el suministro de la energía a toda la comunidad. Que la sociedad en su conjunto debe soportar su costo a expensas de quienes incurren en el mismo, máxime cuando se trata de una finca en la que no se advierte precariedad alguna y en el que además se desarrolla una importante actividad lucrativa que incide notoriamente en el ilegal consumo”.
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