La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) pidió este martes ante la comisión de Gobierno del Concejo municipal la suspensión por 120 días de la ordenanza que ordena el descanso dominical en Rosario. En la reunión que también incluyó a representantes de grandes cadenas y trabajadores de Coto, los ediles aceptaron analizar la solicitud para que, de haber consenso, sea tratada el jueves en el recinto.
“Planteamos la suspensión por 120 días y que se haga el estudio de impacto, tal como habían solicitado algunos concejales. Quedamos a la espera de ver qué resuelve la comisión y si finalmente nuestro planteo se tratará el jueves en el recinto”, confirmó a Rosarioplus.com el director ejecutivo de ASU.
Aunque de la reunión también participaron Coto, Libertad, Jumbo, Carrefour, y los locatarios de los espacios ubicados en la antesala de algunos supermercados, Martínez aclaró que el pedido de suspensión de la ordenanza que debe entrar en vigor el próximo domingo no es una postura consensuada con las grandes cadenas. “Nosotros entendemos que es lo mejor porque hay medidas judiciales que no se resolvieron. Algún concejal planteó esperar y ver cómo funciona y ver qué pasa, pero nosotros tratamos de evitar que la enfermedad se agrave”, agregó Vasco Martínez.
El representante de ASU exigió que el pedido sea tratado “con urgencia” y se esperanzó en que finalmente haya “un poco de razonabilidad” por parte del Concejo Municipal.
Finalmente, consultado respecto de los despidos ordenados por algunas cadenas ante la inminente llegada del 3 de julio, Vasco Martínez aventuró que si la suspensión prospera “perderían sentido” ya que esas cesantías “fueron provocadas por la obligación de cerrar el domingo”.
Tras meses de denuncias por violencia laboral y hostigamiento, se concretó la salida del director Marcelo Minicucci. Vanesa Torres, delegada de ATE, destacó el triunfo de la lucha gremial y la llegada de la Dra. Carina Gres.
Una excavación ordenada por la Justicia Federal y realizada por un equipo especializado de antropología forense comenzó esta semana en la conocida “plaza del tanque” de Pueblo Esther. La actuación, informada por el municipio y explicada a este medio por la abogada Natalia Espíndola, se enmarca en una investigación por homicidio agravado con posible existencia de enterramientos clandestinos vinculados a delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.