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Los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot revelaron las nuevas pruebas que dieron a conocer en la audiencia que, presidida por la jueza Raquel Cosgaya, se celebró ayer.
Los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, a cargo de la megacausa por fraude inmobiliario por la que permanecen detenidas ocho personas y una más se halla prófuga, revelaron hoy que, en la audiencia de ayer, presentaron pruebas de nuevas operatorias ilícitas para apropiarse de propiedades, esta vez en Arroyo Seco.
Narvaja contó que se dieron a conocer cuatro nuevas propiedades que fueron despojadas de sus dueños y que, en esta maniobra ilegal, se involucran a nuevas personas. "Hay escribanos que fraguan poderes de una señora que tenemos acreditado que está en Italia desde 2011 y que no ha regresado", contó Narvaja hoy, en conferencia de prensa.
"En 2014 el escribano hace una escritura dándole un poder a Juan Roberto Aymo -imputado en la causa- en el que esta señora le permitía vender estos inmuebles y con ese poder Aymo transfiere las propiedades a su hijo y luego son nuevamente transferidos a particulares", detalló el funcionario judicial, al frente de la investigación.
"Lo más relevante de la audiencia del día de ayer es que se reveló que estas propiedades se transifirieron a un fideicomiso que fue creado y organizado por (Maximiliano) González de Gaetano y (Leandro David) Pérez a los fines de generar un loteo con esas propiedades", afirmó Narvaja, a fin de explicar los alcances de la maniobra ilícita.
En la audiencia de ayer, la jueza Raquel Cosgaya resolvió la libertad del empresario bursátil Jorge Oneto, quien desde el viernes pasado le habían otorgado la prisión domiciliaria. Para los demás detenidos se resolvió las penas privativas de libertad, aunque se dispuso que el escribano Juan Bautista Alliau y Jonathan Zárate.
Finalmente, Narvaja destacó que "la figura de la asociación ilícita ha sido avalada por el fallo de la Cámara de Apelaciones", y añadió: "Si bien deja afuera a algunas personas, pero convalida la teoría de la Fiscalía de que existe una asociación ilícita y la participación de seis personas en ella".
El establecimiento penitenciario está proyectado y pensando para poder enfrentar las crecientes demandas del sistema de justicia penal y fortalecer la lucha con el crimen organizado.
