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La Justicia Federal dictó prisión preventiva para siete de los acusados. El operativo, calificado como histórico para el fuero de Venado Tuerto, logró incautar cerca de 4,5 kilos de droga valuada en más de 100 mil dólares.
La Fiscalía Federal de Venado Tuerto formalizó este miércoles la imputación de once personas acusadas de integrar una organización narcocriminal que operaba en el sur de Santa Fe. La causa se desprende de un importante operativo realizado el pasado domingo por Gendarmería Nacional en las cercanías de Elortondo, donde se secuestraron casi 4,5 kilos de cocaína.
Tras el procedimiento inicial y una serie de allanamientos posteriores —que incluyeron requisas en nueve domicilios y celdas de la Alcaidía de Melincué y la Cárcel de Coronda—, la Justicia avanzó sobre la estructura de la banda.
Durante la audiencia, se dictó la prisión preventiva para siete de los imputados:
Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., César O. y Emir B. quedaron detenidos en establecimientos carcelarios.
Ayelén C. cumplirá la medida bajo arresto domiciliario.
Los otros cuatro investigados (Juan José C., Ana Paula M., Sofía E. y Leonel A.) también fueron imputados formalmente. Cabe destacar que Sofía E. y Leonel A. ya se encontraban detenidos por causas previas en la justicia provincial.
Según la investigación, la banda se dedicaba al tráfico, transporte y distribución de estupefacientes. Sus operaciones no se limitaban a una sola localidad, sino que abarcaban un circuito comercial ilegal en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat, sin descartar conexiones con otras zonas de la región.
A dos de los principales acusados, Manuel E. y Carina A., se les atribuyó específicamente la responsabilidad del transporte de cuatro "ladrillos" de cocaína que fueron hallados en un vehículo propiedad de otro de los imputados, Adrián C.
Las autoridades judiciales destacaron la magnitud del golpe al narcotráfico, señalando que se trata del mayor secuestro de cocaína registrado desde la creación del fuero federal de Venado Tuerto.
El cargamento incautado tiene un valor estimado en el mercado ilegal de 100.000 dólares, lo que representa una cifra superior a los 150 millones de pesos. La investigación continúa abierta bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal, buscando desarticular por completo los nexos de la organización que operaba tanto desde la libertad como desde el interior de las cárceles.
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