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La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que las amenazas por mensajes de texto se investiguen en ese ámbito.
Antonio Bonfatti
La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la investigación por las amenazas a través de mensajes de texto que recibió el gobernador Antonio Bonfatti durante el alzamiento policial de diciembre de 2013 se investigue en el fuero federal.
El máximo tribunal, según comunicó la página web fiscales.gov.ar, “desestimó las razones invocadas por el Juzgado Federal de Santa Fe, que no había aceptado su competencia en la causa y había argumentado que los mensajes de texto recibidos por el gobernador de Santa Fe tenían estricta motivación particular”.
De esta manera, la Corte Suprema se expidió a favor del pedido elevado por el fiscal federal Walter Rodríguez, en el marco de la denuncia iniciada por Bonfatti por amenazas de parte del titular de la Asociación Profesional Policial (Apropol), Alberto Martínez. El máximo tribunal “desestimó la declinación de competencia del fuero de excepción, por lo que el juzgado federal de Santa Fe deberá continuar a cargo de la causa”, se informó.
Durante el alzamiento policial de 2013, el gobernador santafesino recibió entre el 4 y el 7 de diciembre mensajes de texto intimidatorios en su teléfono celular. Tras las pericias y análisis de rigor, se pudo confirmar que los mensajes fueron emitidos desde un teléfono celular hallado en poder de la esposa de Martínez.
En febrero de 2014, la jueza de instrucción Susana Luna consideró que los textos no debían ser investigados de manera aislada ya que la amenaza era parte integrante del contexto, en el que se promovió “una huelga con descontrol social y presiones al Poder Ejecutivo provincial”, por lo que solicitó la competencia del fuero federal, al considerar a las intimidaciones como un movimiento sedicioso.
Sin embargo, el Juzgado Federal N°1 refutó las razones invocadas tanto por Luna como también por el fiscal Juan Pablo López Rosas y no aceptó la competencia atribuida argumentando que los hechos tenían “estricta motivación particular” y que los mensajes “no afectaban la seguridad nacional ni otros intereses que justificasen la intervención del fuero”.
Ante la insistencia del tribunal de origen, quedó trabado el conflicto y el incidente fue elevado a la Corte Suprema, que finalmente instó al fuero federal tomar la causa.
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