Ante la crisis generada por la inseguridad, el Poder Ejecutivo propondrá, excepcionalmente, adelantar el ingreso de los estudiantes de la carrera policial para que al cabo de un año, ya puedan incorporarse a las fuerzas. También se plantea habilitar a efectivos jubilados para que vuelvan a la actividad. Será optativo. Les ofrecerán un sueldo más un plus.
Diputados y senadores provinciales del Frente Progresista volvieron a reunirse ayer por la tarde con el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, con la inseguridad como tema excluyente. La charla fue una continuidad del encuentro que habían mantenido a principios de mes, incluso, con el gobernador Antonio Bonfatti. Pero ayer se dio en un contexto de tensión, generado por las escuchas telefónicas de dos presos, que el fin de semana dejaron al descubierto un presunto plan para asesinar a funcionarios judiciales y policiales; y agravado por las declaraciones -no digeridas todavía por el Poder Ejecutivo- del Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, advirtiendo que la policía santafesina tiene un problema de conducción política.
Los dos factores atravesaron buena parte de la discusión; los legisladores volvieron a exigir medidas “contundentes y de fondo” para terminar con la inseguridad. Aún así, todas las fuentes consultadas por El Litoral coincidieron en señalar que fue “una buena reunión”, y que permitió avanzar en la discusión de proyectos concretos, que en los próximos días serán enviados a la Legislatura. También, reiteraron el compromiso de darle una periodicidad semanal a los encuentros para garantizar un seguimiento de los temas.
Ingreso temprano
El gobierno expuso tres medidas para adoptar en el corto plazo, y que motivarán el envío de los respectivos proyectos a la Legislatura. En primer lugar, volverán a habilitar para su tratamiento legislativo en extraordinarias el veto parcial propositivo que había formulado a la ley de creación del nuevo organismo de investigaciones -comúnmente llamado Policía Judicial-, en el marco del nuevo sistema penal. El Poder Ejecutivo propuso una nueva redacción para 40 de los 57 artículos de la ley, por considerar que el parlamento le concedía a la nueva policía una autonomía excesiva, y creaba estructuras superfluas.
La segunda iniciativa plantea adelantar el ingreso de cadetes de la policía como agentes activos, para aumentar así el número de efectivos. Según explicaron a El Litoral fuentes del Ministerio de Seguridad, la intención es permitir que la promoción que inició sus estudios este año en el Instituto provincial de Seguridad Pública (Isep) pueda incorporarse ya el año que viene con funciones específicas y prácticas como guardias y vigilancia. La carrera completa para llegar a la tecnicatura insume tres años de formación. Ello no implicará abandonar el estudio, sino que deberán continuar la carrera mientras están en actividad.
En diálogo con El Litoral, el diputado radical Darío Boscarol, presente en el encuentro, aclaró que esta medida sería “de tipo excepcional, y en el marco de la emergencia que genera la inseguridad en las principales ciudades, y que obliga a tener más policías en las calles todos los días”.
Según estimaron desde el Ministerio de Seguridad, este ingreso temprano de cadetes permitiría aumentar en “1700 ó 2000” el número de policías en la provincia..
Retirados
La tercera propuesta que el gobierno expuso ayer, y que consintieron los legisladores oficialistas, pretende apelar a los policías retirados y jubilados de la provincia. Según dijo Boscarol, son “aproximadamente tres mil”.
La reincorporación no sería compulsiva, sino voluntaria, e implicará la suspensión -por ley- del beneficio jubilatorio de ese policía, que comenzará a percibir un nuevo sueldo más un plus.
Los policías se jubilan en la provincia a los 55 años. “Muchos de ellos -dijo Boscarol- terminan trabajando en agencias de seguridad privada y mal pagos. La intención es poder sumarlos, si así lo desean, y afectarlos a tareas que no impliquen tanta exposición, como cuidado de edificios públicos u oficinas nacionales”.
Boscarol aclaró que también en este caso se trata de una medida que pretende buscar, en medio de la emergencia generada por la inseguridad, la mayor cantidad posible de efectivos policiales en la calle.
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