La Defensoría del Pueblo de la provincia pidió no aceptar el aumento del gas

El defensor del Pueblo de la provincia se convirtió en la principal voz objetora de las pretensiones de aumentar las tarifas del gas. Categórico, Raúl Lamberto reclamó ayer que el "Enargas (ente regulador nacional) no debe aceptar la propuesta de la concesionaria del servicio porque, de otro modo, los valores no serán accesibles, ni razonables, ni proporcionados". La inapelable negativa del ombudsman fue al pedido que un rato antes, en la audiencia pública de ayer, formalizara la firma: 31 por ciento de incremento desde enero de 2017 para todas las categorías de clientes particulares; y 28 por ciento para las pymes.

Fue Leonardo Carrero, gerente comercial de Litoral Gas, quien formalizó la solicitud en la sede regional de la Universidad Tecnológica (UTN) de Santa Fe.

Se inscribieron para participar de la audiencia 25 oradores, entre ellos Carrero, además de Mario Gutiérrez, de Redengas; Guillermo Canovas, de Transportadora de Gas del Litoral; y Carlos Castro, de Gasnea, a los que se suman 75 oradores de cooperativas y vecinos de la ciudad y la zona.

De todos modos, "lo se considere como una opinión mayoritaria en una audiencia pública no es vinculante", según la legislación vigente, aunque su impacto reside en tres elementos: "la obligación de las empresas prestatarias de exponerse (incluso con sus dirigentes y ejecutivos filmados) dando explicaciones y/o respuestas a las objeciones que se les formulen, que la población tenga acceso libre a esa información que de otro modo no conocería y que más actores sociales participen de las discusiones no hasta hace mucho reducidas sólo a los gobiernos y las empresas".

Lo que para Carrero resultaría de escaso impacto en el bolsillo de los santafesinos ("una diferencia de 141 pesos en el consumo promedio de una casa, de los cuales 41 serían impuestos", dijo), para Lamberto, quien volvió a reclamar que las defensorías actúen de auditoras externas de los aumentos, "es inaceptable porque la empresa apela a que los clientes le financien las obras para luego percibir ingresos por su operación".

En tanto, para el gobierno provincial la prioridad pareció pasar por las obras. Verónica Geese, secretaria de Estado de la Energía, dijo que "la provincia exigirá a Litoral Gas las obras más urgentes, sobre todo en la zona de Rosario" y dejó en manos del ente regulador"determinar hasta dónde permitirá que estas obras impacten en la tarifa", lo que es parte esencial de su función.

La estrategia empresarial fue enfocarse en la falta de estas realizaciones, aunque aduciendo que nos las pudo hacer porque "casi 15 años de tarifas congeladas con una inflación del 1.000 por ciento que hicieron retroceder las inversiones a un nivel mínimo. Hubo que garantizar la seguridad y la operatividad del servicio". Además, comparó al servicio de gas con otros que usan las familias, como la televisión por cable.

En el ejemplo de una familia con consumo residencial promedio que usó el gerente de la empresa que atiende la red de gas de la provincia de Santa Fe, hay un desembolso de 408 pesos que, con el aumento del 31 por ciento, pasaría a pagar 549 pesos; pero el defensor del Pueblo lo cruzaría más tarde desmintiendo que el aumento vaya a obras como prometió el ejecutivo. "Ese aumento tiene un plan muy reducido de obras dentro del área ya con servicio, que sólo se compromete a realizar con la condición de que se acepte todo lo que la empresa exige", dijo para agregar los detalles: "Dentro del área con servicio las obras se financiarán con un cargo fijo de $19 para todos los usuarios y, sólo si se incrementa este cargo a $40, se realizarán tareas de ampliación del área servida", dijo y pidió un "análisis integral de la concesión".

También aseguró que pretende una "actualización cada 3 meses, con base a la fórmula que la concesionaria propone y no una adecuación cada seis meses (conforme el índice de precios al por mayor con el límite, para los usuarios residenciales, del índice que mide salarios) como ha propuesto el Enargas" y exigió que mayor sanción para los cortes en los que la responsabilidad sea atribuible a la empresa tanto como mayor celeridad en las reconexiones donde se colocan cepos por fallas edilicias. "En los últimos años (en rigor, desde 2013 luego del estallido de un edificio en calle Salta en Rosario) los usuarios han tenido graves dificultades y demoras para lograr la reconexión del servicio, que requiere de una inspección de la empresa", lamentó.