Ante la pérdida del ex gobernador, legisladoras y legisladores provinciales deberán designar a un integrante del bloque mayoritario, representado por el Frente Progresista Cívico y Social. Ya se barajan fechas para la elección de nuevas autoridades que iba a llevarse a cabo el 29 de abril
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe deberá definir en los próximos días al nuevo presidente del cuerpo, que reemplazará al fallecido Miguel Lifschitz. El trámite debía cumplirse el 29 de abril pasado pero se frustró ante la enfermedad del ex gobernador.
Lifschitz presidía la Cámara baja y había consenso para que siguiera ocupando ese cargo, acompañado en las vicepresidencias por Lucila De Ponti (PJ) y Jimena Senn (UCR), pero ahora se deberá designar un sucesor entre alguno de los diputados del bloque mayoritario, es decir el Frente Progresista Cívico y Social.
De los 50 escaños del cuerpo, 28 corresponden a la coalición que encabezan los socialistas con 28 representantes, mientras que el radicalismo posee 11 y se reparten los tres restantes el Partido Demócrata Progresista, el GEN y Creo.
A mediados de abril, Lifschitz había sugerido que la sesión preparatoria para la elección de autoridades se efectivizara dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 1º de Mayo, pero el agravamiento de su cuadro de salud obligó a una postergación.
Con el deceso del líder opositor comenzaron a barajarse posibles fechas para la convocatoria a la sesión preparatoria, a la vez que también se iniciaron conversaciones sobre los diputados que podrían ser propuestos.
El titular del interbloque Frente Progresista, Pablo Farías, es uno de los nombres que se mencionan para la presidencia de la Cámara, aunque por el momento se trata de comentarios preliminares.
La banca que quedó vacante por la muerte de Lifschitz le correspondería a Nicolás Aimar, secretario de gobierno de la municipalidad de Santa Fe, quien hasta ahora no confirmó si asumirá como legislador o seguirá en su cargo.
La resolución firmada por los ministros de Ambiente y de Desarrollo Productivo entrará en vigencia en 30 días. Prohíbe “toda actividad de acopio de pescado con destino a la exportación del mismo o de subproductos, cualquiera sea la especie” en la provincia. No alcanza al mercado interno
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