Sadop denunció subsidios a escuelas privadas que no los necesitan

A través de una dura carta abierta dirigida al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) expresó su descontento por el criterio de otorgar aportes provinciales para cubrir gastos de funcionamiento a las escuelas privadas que son únicas en su localidad (en nivel o modalidad). Una ayuda económica mensual que oscila entre los dos mil y 3.500 pesos.

Advierten que el criterio no es razonable: hay establecimientos que son únicos en su localidad pero que son de propiedad de empresas, de mutuales millonarias o que dependen del Arzobispado y que no los necesitan, incluso que hasta echan docentes o los tienen trabajando en negro.

A principio de octubre, el gobernador Bonfatti y la ministra de Educación, Claudia Balagué, entregaron a los representantes de 74 establecimientos educativos privados de la provincia el decreto 2.895/14, por el cual se incorporan al sistema de aportes provinciales para solventar sus gastos de funcionamiento. Una ayuda del Estado que hasta ahora se daba sólo a las escuelas oficiales para el mantenimiento diario (desde el teléfono hasta artículos de limpieza y materiales para trabajar en el aula, entre otros). El decreto reglamenta la ley cuyo proyecto fue presentado por el senador del departamento General López, Lisandro Enrico, del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS).

El criterio usa para ser beneficiarios de este subsidio es ser establecimientos únicos en su nivel y modalidad en la localidad donde funcionan. Y aquí es donde el Sadop Rosario y Santa Fe, a través de sus secretarios generales, Martín Lucero y Pedro Bayúgar, manifestaron su decidida discrepancia.

“No coincidimos que sea suficiente justificativo para este subsidio el hecho de que en alguna localidad de la provincia exista sólo un establecimiento en cualquiera de los niveles. Los criterios para el manejo de los fondos públicos... no pueden fundamentarse en estas cuestiones fortuitas, que mañana pueden desaparecer por la acción misma del Estado o de otro empresario, que tampoco garantiza que dicho establecimiento (supuestamente único) cumpla una función social de trascendencia”, expresan en una carta pública.

Para no generalizar y ser bien ilustrativo de esta argumentación citan como ejemplos algunos casos arbitrarios de establecimientos que ahora serán beneficiados con este aporte del Estado, cuando hay otros con mayores necesidades aún no siendo únicos en las localidades.

“Considerar que un establecimiento de nivel superior, cuya propietaria es la empresa aceitera y exportadora de oleaginosas más importante de la provincia (entre otras cosas, también propietaria de un puerto), estando este instituto superior a sólo 3 o 4 kilómetros de una ciudad como Reconquista, que tiene varios (muchos) establecimientos educativos similares, que ya recibe el 100% del aporte estatal para el pago de sueldos de su personal, pensar que este establecimiento necesita que le subsidien los gastos de funcionamiento es una falacia, y hacerlo constituye un simple acto de impudicia y dispendio de fondos públicos”.

Otro ejemplo mencionado es el de “un establecimiento educativo del centro provincial, cuya propietaria es una de las mutuales más millonarias de la provincia, que despide docentes sin miramientos ni límites, porque dinero es lo que le sobra, y pensar que por esa verdad formal este establecimiento, además del subsidio del 100% para el pago de los sueldos, también necesita que le paguen los gastos de funcionamiento, no es mirar la realidad”.

Y hay más: “Tampoco es una verdad real que también necesite el subsidio para los gastos de funcionamiento el Instituto Superior, ubicado a tan sólo 7 kilómetros de una significativa ciudad del sur provincial y tan sólo a 15 de Rosario, con escasísimo número de alumnos y cuyo propietario es el Arzobispado de esa ciudad”.

Lucero y Bayúgar cuestionan además que no se haya consultado al Sadop en esta decisión, estimando que seguramente los senadores han seguido una vez más “los sabios consejos de nuestros empleadores”.
  Consideran que este decreto en lugar de igualar profundiza las inequidades. Recuerdan así que los tres ejemplos citados “del norte, centro y sur provincial, hablan a las claras de la injusticia que encierra este manejo de fondos públicos, sólo fundamentándolo en que es una oferta educativa exclusiva en una localidad”.

“Es bueno o muy bueno que se invierta en educación, pero es imprescindible que se invierta en quienes realmente lo necesitan”, proponen para recordar que hay mucha escuelas “en los cordones marginales de las más importantes ciudades de la provincia que no sólo necesitan fondos para el pago de los gastos de funcionamiento” sino también más cargos e inversión para contener a sus alumnos muy pobres para que “no sean presa fácil de los narcos, para que tengan otros horizontes, más generosos que la mezquina realidad que viven hoy”.

“Nos rebela profundamente —expresan— que este gobierno, que se dice de socialistas, les otorgue más privilegios a propietarios/empresarios, que están exentos del pago del Impuesto Inmobiliario, que seguramente tampoco pagan ABL municipal, que quizá reciben fondos del FAE, que no funcionan gratuitamente, que cobran “contribuciones voluntarias” con presiones morales, cuyas ganancias están exentas del pago del Impuesto a las Ganancias, no pagan Ingresos Brutos y ahora, además, les subsidian los gastos de funcionamiento!”.

Y recuerdan como un problema que caracteriza a la enseñanza privada que lo que pretende presentarse como un “buen acto de gobierno” en realidad termina “premiando a estos empleadores/empresarios”. Remarcan así que “en el ámbito de las escuelas privadas hay más de 5.000 (cinco mil) docentes que trabajan en cargos no subsidiados, que cobran (si cobran) tarde, mal o nunca, generalmente sin aportes jubilatorios y de obra social”.

Para Enrico es “un derecho”. “Este es un reclamo justo que se convierte en un derecho”, se lee como opinión del senador Lisandro Enrico en una nota de prensa publicada en la página oficial del Senado provincial (senadosantafe.gov.ar) sobre la reglamentación de la ley para el aporte a escuelas privadas.

Según el legislador, las modificaciones permiten “establecer un reconocimiento económico permanente para los gastos de funcionamiento de pequeñas escuelas privadas de la provincia de Santa Fe que antes no lo tenían y ahora se constituye, sin dudas, en un derecho, debido a que no se establece una partida de gastos de funcionamiento mensuales por una resolución ministerial, sino que se fija a través de una ley, con lo cual, permanecerá más allá de quien sea gobierno en lo sucesivo”.

Consideró que “obviamente no es suficiente, no alcanza para cubrir todos los gastos, pero en el día a día suma muchísimo, porque los que conocemos estas escuelas privadas únicas en su pueblo, sabemos que un aporte económico mensual en el orden de los 2 mil o 3.500 pesos y que se va a actualizar año a año en función de las paritarias, implica resolverle unos cuantos problemas que hacen a los servicios públicos”.

“Es importante aclarar —continuó— que cuando se haga el primer pago, se hará con retroactividad a la fecha de sancionada la ley, con lo cual todas estas escuelas van a recibir la primera cuota con un fuerte incremento, a raíz de que la ley tiene 10 meses de aprobación. Este es un reclamo justo que se convierte en un derecho”.

“Es bueno o muy bueno que se invierta en educación, pero es imprescindible que se invierta en quienes realmente lo necesitan”, proponen para recordar que hay mucha escuelas “en los cordones marginales de las más importantes ciudades de la provincia que no sólo necesitan fondos para el pago de los gastos de funcionamiento” sino también más cargos e inversión para contener a sus alumnos muy pobres para que “no sean presa fácil de los narcos, para que tengan otros horizontes, más generosos que la mezquina realidad que viven hoy”.

“Nos rebela profundamente —expresan— que este gobierno, que se dice de socialistas, les otorgue más privilegios a propietarios/empresarios, que están exentos del pago del Impuesto Inmobiliario, que seguramente tampoco pagan ABL municipal, que quizá reciben fondos del FAE, que no funcionan gratuitamente, que cobran “contribuciones voluntarias” con presiones morales, cuyas ganancias están exentas del pago del Impuesto a las Ganancias, no pagan Ingresos Brutos y ahora, además, les subsidian los gastos de funcionamiento!”.

Y recuerdan como un problema que caracteriza a la enseñanza privada que lo que pretende presentarse como un “buen acto de gobierno” en realidad termina “premiando a estos empleadores/empresarios”. Remarcan así que “en el ámbito de las escuelas privadas hay más de 5.000 (cinco mil) docentes que trabajan en cargos no subsidiados, que cobran (si cobran) tarde, mal o nunca, generalmente sin aportes jubilatorios y de obra social”.

Para Enrico es “un derecho”. “Este es un reclamo justo que se convierte en un derecho”, se lee como opinión del senador Lisandro Enrico en una nota de prensa publicada en la página oficial del Senado provincial (senadosantafe.gov.ar) sobre la reglamentación de la ley para el aporte a escuelas privadas.

Según el legislador, las modificaciones permiten “establecer un reconocimiento económico permanente para los gastos de funcionamiento de pequeñas escuelas privadas de la provincia de Santa Fe que antes no lo tenían y ahora se constituye, sin dudas, en un derecho, debido a que no se establece una partida de gastos de funcionamiento mensuales por una resolución ministerial, sino que se fija a través de una ley, con lo cual, permanecerá más allá de quien sea gobierno en lo sucesivo”.

Consideró que “obviamente no es suficiente, no alcanza para cubrir todos los gastos, pero en el día a día suma muchísimo, porque los que conocemos estas escuelas privadas únicas en su pueblo, sabemos que un aporte económico mensual en el orden de los 2 mil o 3.500 pesos y que se va a actualizar año a año en función de las paritarias, implica resolverle unos cuantos problemas que hacen a los servicios públicos”.

“Es importante aclarar —continuó— que cuando se haga el primer pago, se hará con retroactividad a la fecha de sancionada la ley, con lo cual todas estas escuelas van a recibir la primera cuota con un fuerte incremento, a raíz de que la ley tiene 10 meses de aprobación. Este es un reclamo justo que se convierte en un derecho”.