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Los realiza la Policía de Investigaciones por solicitud de los fiscales Franco Carbone, Pablo Socca y Federico Rébola. Todos los operativos están dirigidos a familiares de presos de Piñero que están alojados en tres pabellones.
Desde la mañana de este jueves se llevan a cabo 46 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther como consecuencia de las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro (@radio2)
Desde la mañana de este jueves se llevan a cabo 46 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther como consecuencia de las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro y a los atentados ocurridos entre el martes y el miércoles contra una sucursal del banco Macro de Saavedra y Ovidio Lagos, el hospital de emergencias Clemente Álvarez y una escuela de Cochabamba al 5500. Los operativos fueron solicitados por Franco Carbone, Pablo Socca y Federico Rébola, fiscales de la unidad de Balaceras.
Los ataques, según afirmó este miércoles el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, son la reacción a los cambios en las políticas penitenciarias que se pusieron en marcha desde la asunción del nuevo gobierno, que reubicó presos dentro de las cárceles y al mismo tiempo trasladó a reclusos que estaban en comisarías a unidades penitenciarias.
La causa, que lleva pocas horas, tiene dos hipótesis sobre la firma de las notas arrojadas en la puerta del Heca y del banco Macro, donde se hace alusión al pabellón 9 de la cárcel de Piñero. Una es que un recluso que estaba alojado en ese sector del complejo penitenciario haya sido trasladado recientemente al sector de alto perfil y haya buscado dar vuelta atrás la decisión a través de la planificación de balaceras que generaron conmoción pública.
El preso en cuestión, según se investiga, fue delegado del pabellón 9 y fue llevado a alto perfil en una fecha anterior a la masiva reubicación ocurrida el martes pasado. Se trata de uno de los presuntos cabecillas de la organización que lidera el condenado jefe narco Julio Andrés Rodríguez Granthon.
La otra línea investigativa que tienen los fiscales es que reclusos de los pabellones 6, 7 y 8 que el martes pasado fueron objeto de reubicación de reclusos –sacados de esos sectores comunes y llevados a lugares para alto perfil– hayan querido “tumbear” a los que estaban en el pabellón 9, donde ese día no se hicieron movimientos de internos.
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