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El gobierno santafesino anunció que intimará a ciudadanos que tienen vehículos radicados en otras provincias por conveniencia económica. En caso de que no se ajusten de manera voluntaria, el Estado actuará de oficio y multará.
El titular de la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe avaló el proyecto que se discute en Rosario. La Casa Gris admitió que la restricción puede generar molestias, pero destacó que se busca disminuir la siniestralidad.
Se utilizan para patrullaje preventivo en espacios públicos y eventos masivos. La idea es tener uno por distrito en Rosario.
Así lo confirmó el subsecretario de Seguridad de la provincia, Jorge Tarquini, quién oficializó que a partir del 18 se aplicará en toda la provincia de Santa Fe.
El secretario de Energía de la provincia, Jorge Álvarez, opinó que las declaraciones de Ramos “son funcionales a los intereses económicos de Litoral Gas y no de los santafesinos”.
