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Lo informó el Tribunal Electoral de la provincia. Por la mañana, la participación del electorado mostraba una merma respecto de elecciones anteriores pero “en parámetros normales”.
Este domingo a las 16, dos horas antes del cierre de la votación de estas Paso 2021, había sufragado en Santa Fe el 50 por ciento del padrón electoral.
La cifra fue actualizada por el Tribunal Electoral de Santa Fe, que más temprano había informado que se registraba una baja de “entre el 5 y 6 por ciento” en la provincia.
El secretario electoral de Santa Fe, Pablo Ayala, dijo antes del mediodía que la participación en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias mostraba una baja respecto de las elecciones Paso previas en las primeras horas de la jornada.
El funcionario indicó a Radio 2 que “a las 11 de la mañana, había votado el 26 por ciento del electorado” lo que representa “entre un 5 y 6 por ciento por debajo de elecciones Paso anteriores”.
En diálogo con Sergio Roulier, Ayala le restó gravedad al los números y sostuvo que “estamos dentro de los parámetros normales”.
El gobernador resaltó que “la gente ha ordenado” los espacios y “quien los conduce”. Le bajó el tono a la confrontación aunque aclaró: “La foto no siempre arregla las cosas”. Habló de Rodenas.
Marcelo Lewandowski se imponía con claridad a Agustín Rossi en la interna del peronismo santafesino rumbo al Senado nacional. Clara García hacía lo mismo con Rubén Giustiniani en el Frente Amplio Progresista. En Juntos por el Cambio los resultados eran muy ajustados entre Pullaro, Losada y Angelini.
La precandidata a senadora nacional por el FAP Clara García confió en el triunfo de la lista Adelante y cuestionó una vez más al gobernador Omar Perotti, quien “prometió «la paz y el orden», pero atrás no había equipos, proyectos, ni escala para gobernar la provincia”.
La precandidata a senadora nacional por el Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, consideró que “la inseguridad no puede estar en la agenda electoral; tenemos que construir políticas a largo plazo, con los tres poderes sentados a la misma mesa”.
El 50% de los telegramas enviados fueron rechazados por diferentes motivos. Por esa tarea, que es una carga pública, el Estado paga 4.500 pesos
