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Este miércoles se dieron a conocer los fundamentos por los que la jueza Raquel Cosgaya le otorgó la libertad provisoria al agente bursátil y empresario Jorge Oneto, uno de los once imputados en la megacausa por presuntas estafas inmobiliarias y lavado de activos. La resolución se había dado a conocer este lunes por la noche. Oneto debió depositar 1,2 millón de pesos en concepto de fianza.
Para la jueza, la “peligrosidad procesal” de Oneto (es decir, el riesgo a que al quedar en libertad pueda huir o entorpecer la causa) está “neutralizada”. La magistrada valoró “positivamente” el hecho de que el empresario haya demostrado su voluntad de devolver el campo de Villa Amelia en favor de las víctimas de la estafa y consideró además que el fiscal no aportó nuevos elementos que agraven la situación procesal del imputado.
Justamente, la defensa del empresario había cuestionado a la Fiscalía por considerar que no mostró cuál podía ser el riesgo procesal y que tampoco explicó la peligrosidad procesal de Oneto en orden a la fuga.
Otro de los factores que jugó a favor de Oneto para que pudiera recuperar su libertad estuvo asentado en que la jueza quitó de la imputación la figura de asociación ilícita y le agregó la de lavado de activos simple. Dicha figura, observó luego Cosgaya, en caso de condena podría corresponder una pena de ejecución condicional.
Oneto es el imputado que posee cuatro cuentas off shore en actividad y que construyó y comercializó la torre vip de departamentos Acqualina, en Alem y San Luis, donde residía otro de los imputados, Leandro Pérez.
Al empresario se lo acusa en el caso de la adquisición supuestamente fraudulenta de un campo de unas 124 hectáreas situadas en Monte Flores, distrito de Villa Amelia.
"Quédense con la moto, yo me voy", dijo el infractor. Acto seguido, cortó la manguera del tanque de nafta e hizo chispa con un encendedor
El dirigente que participó de las elecciones locales de 2023 fue imputado este miércoles en Rosario. La investigación reúne, hasta el momento, 17 hechos y un perjuicio económico que rondaría los 39 millones de pesos. Permanecerá detenido preventivamente hasta el 9 de diciembre.
Este domingo, un hombre advirtió sobre la presencia de los restos óseos cuando pescaba y avisó a la Policía. Intervino personal de Prefectura Naval, Bomberos Zapadores y un buzo táctico. La Fiscalía de Homicidios Dolosos investiga su procedencia
